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El juez que cerró círculo contra la impunidad en Guatemala 

En esta imagen, tomada el 14 de diciembre de 2015, el juez Miguel Ángel Gálvez, posa para una fotogradía en su casa de San Lucas, Guatemala. Meses después de que otra jueza fuese acusada por aceptar sobornos de procesados en un caso de corrupción del que estaba al frente, Gálvez se ha ganado el mote del “honorable juzgador”. (Foto AP/Moises Castillo)
En esta imagen, tomada el 14 de diciembre de 2015, el juez Miguel Ángel Gálvez, posa para una fotogradía en su casa de San Lucas, Guatemala. Meses después de que otra jueza fuese acusada por aceptar sobornos de procesados en un caso de corrupción del que estaba al frente, Gálvez se ha ganado el mote del “honorable juzgador”. (Foto AP/Moises Castillo)

GUATEMALA (AP) — Miguel Ángel Gálvez es el juez que puso tras las rejas al presidente de Guatemala y a su vicepresidenta, en un país donde el sistema legal es percibido como una especie de subasta: gana el mejor postor.

Al final de un año histórico en que el país centroamericano vio cómo culminaron investigaciones sin precedentes que llevaron al entonces mandatario Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, Gálvez ha contribuido a restaurar cierta confianza pública en el estado de derecho.

Ha sido un ejemplo de probidad que otros deben seguir si el país intenta continuar con su lucha contra una atávica corrupción.

“La gente va y me presenta denuncias, me dan nombres y apellidos, eso quiere decir que la gente ya está confiando”, dice Gálvez.

Meses antes de que el mandatario terminara tras las rejas, la jueza Marta Sierra de Stalling, colega de Gálvez, fue acusada y enviada a prisión por aceptar sobornos de los defensores de varios acusados en un caso de corrupción que estaba juzgando.

Eso contrastó con Gálvez, quien se ha ganado el mote del “honorable juzgador”.

En la calle la gente lo saluda, le sonríe, lo abraza, lo ve pasar y le agradece su trabajo. “Mi querido juez, usted es un ejemplo”, le dice un hombre mientras Gálvez toma un café en un restaurante.

De 49 años, Gálvez es un hombre callado, observador, paciente y discreto pero contundente cuando está al frente de su tribunal. En las audiencias se toma largas horas para detallar sus fallos. Algunos se quejan del tiempo que se tarda en resolver, pero él alega que el acusado y la sociedad deben entender bien cuando resuelve de una u otra forma.

Le gusta madrugar y pasar casi todo el tiempo en su juzgado. Toma largos paseos en bicicleta. “Es mi forma de quitarme el estrés”, dice.

Tiene 16 años como juez y por sus manos han pasado casos de narcotráfico, asesinatos, corrupción hasta el genocidio de indígenas ixiles en la guerra civil de Guatemala (1960-1996). Fue quién ordenó enviar a prisión al influyente militar y ex dictador Efraín Ríos Montt, lo que le valió amenazas, quejas judiciales e intentos de soborno.

“La justicia ha avanzado, ahora hay más mística, mejor investigación”, dice. “Confío en que con todos estos casos van a mejorar las instituciones porque la sociedad ya se está interesando”.

Ningún proceso le ha atraído tanto la atención ni le ha hecho ganar tanto reconocimiento como “La Línea”, un entramado de corrupción de un grupo de altos funcionarios que recibieron sobornos de empresarios para ayudarles a evadir impuestos.

Es el mismo caso que tiene tras las rejas a Pérez Molina y por el que tuvo que renunciar a la presidencia. Ahora, tras tomar esa decisión que conmocionó a un país acostumbrado a ver a los influyentes evadir la justicia, Gálvez decidirá en enero próximo si Pérez Molina va a juicio.

“Metió presos los corruptos y eso nunca se había visto”, dice Wendy Monterroso, una mesera de 25 años. “La corrupción nos quita las escuelas, los estadios, los hospitales”, si no hubiera corrupción “el país sería más rico y no habría tanta pobreza”.

Gálvez vive con comodidades pero sin excesivos lujos, en contraste con su ex colega Carol Patricia Flores, que fue removida del cargo y es procesada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La fiscalía determinó que vive en una mansión de casi una cuadra, algo difícil de justificar en un país donde un juez como ella gana un promedio de 2.650 dólares al mes.

Mientras está de vacaciones Gálvez no utiliza el carro blindado que le fue asignado por el Organismo Judicial para su seguridad. Considera que los recursos del estado no deben ser de uso personal.

En septiembre las autoridades arrestaron a tres jueces incluido un magistrado de apelaciones acusado de recibir sobornos por 1.3 millones de dólares para favorecer a una compañía y a una jueza acusada de aceptar dinero para liberar a sospechosos de procesos de fraude.

Hasta César Calderón, el abogado defensor de Pérez Molina, cree en la honorabilidad de Gálvez, aunque no esté de acuerdo con sus fallos, especialmente la decisión de enviar a prisión a su defendido.

“Es un hombre honesto y para la justicia lo más importante es tener jueces honestos y él lo es”, dice Calderón, aunque considera a Gálvez como “un juez carcelero”.

“No tiene por qué llenar las cárceles de reos cuando la ley permite la excarcelación”, explica.

Pese a ser tan elogiado por su trabajo, Gálvez no ha podido avanzar en su carrera como juez y optar por cargos más altos pues, según la ley, sólo puede hacerse por elección del Congreso y para ello se requiere de apoyo político que no tiene.

“No les interesa jueces como Miguel Ángel Gálvez”, dice el abogado constitucionalista Alejandro Balsells. “No se puede decir que existe un ataque frontal a la corrupción porque existe gente presa, se va a dar cuando ya se respete al juez correcto y éste puede ascender y llegar a altos cargos”.

Este año será recordado en Guatemala como el año que Pérez Molina renunció al cargo y por numerosas protestas anti-corrupción que emergieron después de que la fiscalía guatemalteca y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, respaldada por Naciones Unidas, pusiera al descubierto el entramado de corrupción de “La Línea” y otras corruptelas.

La fiscalía y la comisión desbarataron 21 estructuras del crimen organizado este año y hoy más de 600 personas están ligadas a los procesos tanto en el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el sector privado.

“Fue una participación ciudadana como nunca se había visto”, dice Adriana Beltrán, de WOLA, organización de investigación sobre derechos humanos en las Américas con sede en Washington. “La protesta fue el motor que condujo a las renuncias de Pérez Molina y Baldetti, al pedir la fiscalización y rendición de cuentas de las autoridades y poner fin de la impunidad y la corrupción”.

En el 2016 muchos de estos casos llegaran a juico y la atención del público se centrará en las condenas con la esperanza de que sea un escarmiento para los funcionarios públicos corruptos.

Los guatemaltecos también estarán atentos para ver si el presidente electo, Jimmy Morales, que se sumó a la ola del rechazo contra la corrupción y llegó a la presidencia como un político nuevo, toma buenas decisiones y cumple sus promesas de limpiar el gobierno.

Gálvez dice que para que la justicia y las investigaciones funcionen en el combate a la corrupción se deberá mejorar su financiamiento.

“Aquí lo fundamental es consolidar el estado de derecho”, dice.
Por SONIA PEREZ D., Associated Press

Autor: pedromelo

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